Se cumplen 6 meses del accidente de Conviasa en Puerto Ordaz

A 6 meses de haber ocurrido la tragedia del vuelo 2350 de CONVIASA, son múltiples las reflexiones que podemos hacer en torno a nuestra preparación para ciertos eventos de magnitud que pueden acontecer en nuestro país.

Para las víctimas sobrevivientes y sus familiares la falta de un seguimiento oportuno por parte de la aerolínea y del mismo estado ha sido una queja constante en los últimos 4 meses. Son muchos los eventos que en torno a la atención a las víctimas se han presentado, pero definitivamente uno de los factores que más ha contribuido a ello es el hecho de que en 5 meses CONVIASA cambió de presidente tres veces e indudablemente esto afectó el seguimiento y continuidad que se le estaba dando a la atención de las víctimas; sin embargo, no deja de ser injustificable que la nueva administración no delegara un personal que se dedicara a conocer los estados de ellos y sus necesidades, sobre todo cuando existe un bufete nombrado por la empresa de reaseguros que debe garantizar el desembolso del dinero dedicado a tal fin.

Foto de archivo del avión siniestrado de Conviasa

Foto de archivo del avión siniestrado de Conviasa

Por otro lado, el 19 de noviembre de 2010, según Gaceta Oficial Nº 39.556 se conformó una Comisión de Atención a las Víctimas del Accidente, integrada por tres (03) miembros del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones y uno (01) del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA) y a la fecha no han convocado a las víctimas (sobrevivientes o familiares) para atenderles, escuchar su necesidades y organizar de manera eficaz la atención a sus requerimientos, desvirtuando la esencia por la cual el Ejecutivo les designó.

Mención aparte nos lleva a las investigaciones del caso que dirigen dos organismos del estado con fines específicos y determinados, una administrativa, a través de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, y otra judicial, desarrollada por la fiscalía 59 con competencia nacional que representa al Ministerio Publico.

En torno a la investigación que adelanta la JIAAC, debemos comenzar por reconocer las fuertes limitantes a las cuales está sometida; un claro ejemplo es la actual ubicación de los restos de la aeronave siniestrada la cual está a la intemperie al final del aeropuerto General Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz junto al resto de otra aeronave abandonada, sin ningún tipo de resguardo especial que evite el deterioro tal como lo establece el Art. 3.2 del Anexo 13 de la OACI, pero es que la JIAAC no cuenta con un espacio en ningún aeropuerto del país donde pueda resguardar apropiadamente los restos de esta aeronave, ni de ninguna que sufra un accidente aéreo. La Junta está limitada a trabajar y llevar adelante las investigaciones que conllevan a tomar medidas de corrección y prevención en materia de aeronáutica civil prácticamente desde una oficina ubicada en la sede del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones; no cuentan con laboratorios ni los suficientes equipos y recursos que le ayuden a acortar el tiempo en las investigaciones y con ello poder culminar sus informes de prevención en períodos que garanticen la aplicación de medidas de seguridad mucho más eficaces en el tiempo.

La JIAAC depende de los recursos e instalaciones existentes en otros países para hacer evaluaciones y experticias técnicas por carecer de las herramientas especiales y laboratorios adecuados en Venezuela, lo que conlleva a la coordinación de la disponibilidad de tiempo en esos laboratorios y se traducen en retardos para la investigación.
El estado debería prestar particular atención en suministrar recursos e infraestructura adecuada a este organismo pues de ellos depende la seguridad de millones de venezolanos que regularmente usamos el transporte aéreo como una alternativa rápida y segura para nuestros diferentes destinos.

Por la parte de la investigación judicial, la fiscalía 59 con competencia nacional que está a cargo de la Dra. Marisol Zacarias ha sido casualmente la encargada de 3 de los últimos accidentes aéreos de nuestro país, aunque existe una única fiscalía con competencia aeronáutica, a cargo del Dr. Jose Gregorio Morales; aun así la fiscal Marisol Zacarias ha llevado adelante cada uno de estos expedientes y concluido ya algunos de ellos.

La revisión y corrección de lo antes señalado debería servir para avanzar en nuevas políticas que busquen la enmienda de los errores para un mayor beneficio en términos de lograr no sólo una estructura en seguridad aeronáutica más eficaz sino también en las dinámicas de cómo atender y dar respuesta ante acontecimientos de magnitud que puedan presentarse donde existan pérdidas humanas.

5 Comments

  1. DANIEL LUNA abril 7, 2011
  2. JUSTICIERO abril 13, 2011
  3. JUSTICIERO abril 13, 2011
  4. juan agosto 27, 2011
  5. juan agosto 27, 2011

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